POR Alexandra Mendoza

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en todo el país entregaron esta semana al presidente Barack Obama un paquete con más de 135,000 firmas con las cuales piden un alto a las redadas de inmigrantes centroamericanos que huyen de la violencia que aqueja a sus países de origen.

San Diego no fue la excepción. La organización North County Immigration Task Force fue la encargada de entregar la petición firmada por 10,000 californianos en las oficinas de Inmigración y Aduanas.

Como parte de este movimiento nacional, activistas exigen que refugiados reciban el Estatus de Protección Temporal, para estar amparados ante una deportación que los regresaría al país del que llegaron huyendo.
A principios de año, el gobierno federal inició una serie de redadas principalmente en Carolina del Norte, Texas y Georgia, enfocadas en inmigrantes centroamericanos que llegaron a Estados Unidos después del 1 de mayo de 2014, además que cuenten con órdenes finales de deportación.

La noticia causó preocupación en las comunidades inmigrantes, por lo que grupos activistas se mantienen en alerta.
“La gente tiene miedo”, subrayó Caroline Theiss-Aird, vice-presidenta de North County Immigration Task Force.
“Hemos recibido muchas llamadas recientemente de personas que están asustadas y eso va más allá de la comunidad de refugiados centroamericanos”.

Además de inmigrantes que se han visto afectados por la violencia en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, también se han detectado casos de personas que temen del crimen organizado en México.

“La ley internacional dice que podemos recibir gente en estas circunstancias y queremos que nuestro gobierno cumpla con ello”, dijo Theiss-Aird.
Dos representantes de la agrupación intentaron entregar las firmas al jefe asociado de ICE en San Diego pero éste no se encontraba disponible. Por tal motivo, la petición fue recibida por un oficial en recepción, indicaron activistas.

“Pedimos que Obama e ICE paren la deportación de personas que tienen miedo de regresar y [quienes] deben tener más tiempo para arreglar su caso y no han podido encontrar un abogado y tener un juicio justo”, mencionó la pastora Anna Reunión, quien entregó las firmas.

Pese a que autoridades federales no han indicado que este tipo de operativos se estén llevando a cabo en San Diego, integrantes de dicho grupo dijeron tener reporte de al menos dos casos de inmigrantes que residen en el norte del condado que supuestamente fueron visitados por oficiales.

“Tenemos casos pero como la gente no sabe a quién acudir ha sido un golpe de suerte el cómo nos hemos enterado, pero si la gente sabe que se pueden acercar a nuestras organizaciones vamos a ver que van a salir más y más”, comentó la activista Maribel Solache.

Sobre las redadas que se han llevado a cabo en el país, el Secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson indicó en un comunicado de prensa a principios de año que la frontera “no está abierta a la inmigración ilegal” y que los operativos continuarán cada que se considere “apropiado”.

“Esto no deber ser una sorpresa debido a que durante meses he dicho públicamente que personas que caben dentro de las prioridades que tenemos al momento de aplicar la ley, tales como familias y niños no acompañados serán deportados”, indica el comunicado de prensa, refiriéndose a inmigrantes centroamericanos que llegaron en verano de 2014.
En los operativos realizados en enero se detuvo a 121 personas de las cuales, 77 ya han sido deportadas a sus países de origen señalan datos oficiales dados a conocer por Agencia EFE.

Debido a ello, activistas pidieron a la comunidad inmigrante tomar precauciones como no abrir la puerta a oficiales de inmigración salvo que cuenten con una orden e informarse a través de organizaciones comunitarias sobre qué hacer en caso de ser detenido.

“Conozca sus derechos antes de tiempo para estar preparado”, concluyó Theiss-Aird.